Resumen: La cuestión que se plantea consiste en determinar si, a efectos de la promoción económica vinculada a la antigüedad, debe computarse todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral como trabajador discontinuo, con inclusión de los periodos en los que no ha existido ocupación, o únicamente aquellos en los que el trabajador ha sido llamado para prestar servicios efectivos. La Sala IV reitera jurisprudencia consolidada que señala que para el complemento de antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos que establece el artículo 48 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos Dependientes, debe tenerse en cuenta todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral, y no solo los periodos de prestación efectiva de servicios. Lo contrario produciría una diferencia de trato peyorativa para los trabajadores a tiempo parcial —fijos discontinuos— en relación con los trabajadores a tiempo completo ya que, ante un mismo periodo de prestación de servicios, los segundos devengarían un trienio al transcurrir tres años, en tanto a los primeros se les tendría en cuenta, no la duración de la relación laboral, sino el tiempo de servicios efectivamente prestados.
Resumen: La cuestión suscitada en el recurso consiste en determinar si, a efectos de promoción económica vinculada a la antigüedad, el trabajador fijo discontinuo de la Junta de Castilla y León tiene derecho a que se le compute todo el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio la prestación de servicios o sólo el tiempo de prestación efectiva de servicios; es decir, solo el tiempo de trabajo efectivo durante los meses de cada campaña anual, o toda la anualidad completa, incluidos los periodos en los que no se trabaja. La sentencia aplica la doctrina rectificada de la Sala --referida a trabajadores de la AEAT--, según la cual la regulación contenida, ahora, en el art. 48 del Convenio colectivo del personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, ha de ser interpretado a la luz de lo dispuesto en el art. 12.4. d) ET y la cláusula 4 de Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial que figura como Anexo en la Directiva 97/81/CE, tal y como ha sido interpretada por el TJUE, en concreto por el Auto de 15 de octubre de 2019, asuntos acumulados C-439/18 y 472/18, lo que determina que a los trabajadores fijos discontinuos de la CC.AA se les compute todo el tiempo de duración de la relación laboral, a efectos de derechos económicos y de promoción profesional, y no únicamente el tiempo efectivamente trabajado, porque de lo contrario se produciría una diferencia de trato peyorativa para dichos trabajadores respecto de los trabajadores a tiempo completo.
Resumen: El trabajador reclamó por diferencias salariales y con anterioridad a la sentencia definitiva el Concello modificó la relación de puestos de trabajo ubicando al demandante en la categoría que le daba derecho a dichas diferencias, y empezando a abonarle la cantidad correspondiente. Instó entonces la ejecucióbn de la sentencia, que le fue denegada por el juzgado. La Sala estima el recurso por cuanto habiendo reconocido el Concello demandado los hechos de la demanda debe continuar la ejecución por las diferencias devengadas respecto de lo solicitado en la demanda y hasta la firmeza de la sentencia.
Resumen: El debate casacional radica en dilucidar si el orden jurisdiccional social es competente para conocer de la demanda de conflicto colectivo contra la Xunta de Galicia en la que se solicita que se declare que el personal laboral fijo en plaza funcionarizable que está incluido en el convenio colectivo de la Xunta tiene derecho a acceder a la carrera profesional establecida en el Acuerdo de 27/12/2018 sin exigirles el requisito de funcionarización.La misma pretensión respecto del personal temporal e indefinido no fijo. Y que el personal temporal o indefinido no fijo en plaza no funcionarizable tiene derecho a percibir el complemento equivalente establecido para el personal laboral fijo en plaza no funcionarizable. El Acuerdo no reconoce el derecho de los trabajadores temporales ni indefinidos no fijos al sistema de carrera profesional, ni a percibir el citado complemento equivalente. La parte demandante considera que la exclusión de estos trabajadores es discriminatoria. Razona la sentencia que a interpretación y aplicación de los actos plurales o mixtos de las Administraciones públicas que afectan conjuntamente al personal laboral y al funcionarial o estatutario está atribuida al orden contencioso- administrativo. Se declara la incompetencia material respecto de las tres pretensiones ejercitadas por la parte actora (CSIF y de CNT-Galicia).
Resumen: La Sala IV confirma la estimación de la demanda de conflicto colectivo que ha declarado el derecho de los trabajadores que fueron subrogados procedentes de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales a que se les compute, a efectos del devengo del complemento de antigüedad, los contratos temporales suscritos con anterioridad, el reconocimiento de su antigüedad desde el primer contrato temporal suscrito con la EPGPC, y el percibo del complemento salarial de antigüedad. Lo contrario supondría conculcar los arts. 14 CE y 15.6 ET, en tanto que se atribuye a los servicios prestados en régimen de contratación temporal un tratamiento peyorativo respecto de los desempeñados por los trabajadores de plantilla, al negarles, al a los efectos de la percepción del complemento de antigüedad, la misma eficacia que tienen los servicios de estos. Asimismo, se descarta que para hacer efectivo el derecho reclamado resulte necesaria la autorización administrativa. La prohibición de incremento de las retribuciones no es absoluta, sino que admite excepciones, y el derecho reclamado es un derecho perfeccionado por los trabajadores con anterioridad a la vigencia de la norma presupuestaria que se les opone, que no tiene efecto retroactivo. No es compatible con el art. 14 CE un tratamiento que configure a los trabajadores por razón de la temporalidad como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores que habían suscrito contratos de duración indefinida.
Resumen: La sentencia estima el RCUD interpuesto por el actor, fijo discontinuo de la Junta de Castilla y León y que reclamaba que se computara el periodo total de prestación de servicios y no únicamente los periodos efectivamente trabajados, a efectos de antigüedad para adquirir los derechos de promoción económica y promoción profesional. La Sala IV, aplica jurisprudencia anterior para señalar que el art. 48 CC personal laboral Administración General CCAA Castilla y León, debía interpretarse conforme al art. 12.4 d) ET y cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial , y a la luz de lo dispuesto en el ATJUE 15-10-2019 (C-439/18 y 472/18), que concluyó que constituía una discriminación indirecta el que respecto de trabajadores fijos discontinuos se excluyera los periodos no trabajados el cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el derecho a un trienio, por afectar fundamentalmente a trabajadoras.
Resumen: Recurre la empresa su condena la nulidad del despido declarada en la instancia al considerar vulnerada la garantía de indemnidad que el Juzgador vincula al indicio que aporta quien inició un procedimiento para la provisión reglamentaria del puesto que ocupaba la trabajadora, vinculada por una relación laboral indefinida no fija. Tras aludir a los principios informadores de dicha garantía junto a los referidos a la distribución de la carga de la prueba cuando se alegue vulneración de DDFF advierte la Sala sobre el contexto bajo el que se produce la extinción contractual impugnada y la naturaleza de indefinido no fijo (de creación jurisprudencial en el ámbito de la Administración Publica). Destacando, a tal efecto, que la Administración del Principado creó las plazas estructurales que habían sido afectadas por la declaración (judicial) de fraude; de tal manera que de entenderse que esa creación vulneraba algún derecho fundamental debió invocarse en su momento por quien continuó prestando servicios en las mismas condiciones previas, manteniendo su relación laboral. Descartada la nulidad se declara la improcedencia del cese al haberse procedido a la amortización de la plaza sin acudir a la (normada) vía de extinción objetiva del contrato.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en determinar el alcance del art 48 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León en relación con el computo de los servicios prestados para el devengo de los trienios por el personal fijo discontinuo. En concreto, si para su cálculo hay que tener en cuenta todo el tiempo de vinculación laboral o, exclusivamente, el tiempo de prestación efectiva de servicios. La sentencia aplica la doctrina rectificada de la Sala, según la cual la regulación contenida en dicho precepto, que requiere 3 años de servicios "efectivos", ha de ser interpretado a la luz de lo dispuesto en el art. 12.4. d) ET y la cláusula 4 de Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial que figura como Anexo en la Directiva 97/81/CE, tal y como ha considerado el TJUE, en concreto por el Auto de 15 de octubre de 2019, asuntos acumulados C-439/18 y 472/18, lo que determina que a los trabajadores fijos discontinuos se les compute todo el tiempo de duración de la relación laboral a efectos de antigüedad y no únicamente el tiempo efectivamente trabajado, porque de lo contrario se produciría una diferencia de trato peyorativa para dichos trabajadores respecto de los trabajadores a tiempo completo.
Resumen: Reitera el actor la improcedencia del despido impugnado (con los efectos indemnizatorios a derivar de dicha calificación; superior a los 20 días por año que se le reconoce), al considerar que su relación (conformada por sucesivos contratos temporales) se suscribió en fraude de ley, excediendo (en su duración) del período de adjudicación de la plaza al tener la condición de indefinida no fija. Reproche (jurídico-sustantivo) que la Sala rechaza en aplicación al caso de una consolidada doctrina jurisprudencial (y comunitaria) sobre el criterio de la duración injustificadamente larga; advirtiéndose, en cualquier caso, que el hecho de que en el momento de la extinción de su contrato reuniera condiciones de indefinido no la convierte en un despido sino una en lícita extinción de su relación laboral con los pertinentes efectos económicos. Rechaza (a tal efecto) el carácter jurisprudencial que se asigna a una (única) sentencia que analiza un supuesto que no se identifica con el litigioso ya que en dicha resolución se parte de una divergente circunstancia fáctica, cual es que la trabajadora allí demandante fue cesada más de un mes después de haber sido contratada la persona que resultaba ser adjudicataria de su plaza.
Resumen: Recurre el trabajador-ejecutante el desfavorable pronunciamiento judicial (que considera cumplida la sentencia de despido al haber sido correctamente reincorporado en su puesto de arquitecto superior) a través de un primer motivo de nulidad (de actuaciones) vinculado a la insuficiencia fáctica del auto recurrido. Aun rechazándose su pretensión no por considerar (como imponía la sentencia) que sido readmitido en las condiciones preexistentes al cese, sino por entender (con implícito reconocimiento de su irregularidad) que se aquietó a la MSC; deviene de imposible cumplimiento la readmisión en las mismas condiciones por haber introducido la demandada una modificación en el contenido del puesto de trabajo. Analizando el contexto (sustantivo) al que se vincula la irregularidad procesal denunciada, recuerda el Tribunal el carácter excepcional de una nulidad de actuaciones que la Sala rechaza al detallar el auto recurrido los trabajos a realizar tras la reincorporación. Sobre esta base, y tras recordar que aquélla implica la reinstauración de la relación laboral afectada al momento en que se encontraba cuando se produjo la unilateral decisión extintiva del contrato, advierte Sala sobre la flexibilidad de la doctrina jurisprudencial en orden a decidir su regularidad desde situaciones razonablemente atendibles en conexión con el ius variandi empresarial como es el caso; por lo que tampoco nos encontramos ante un supuesto de imposibilidad de readmisión.
